Combate al narcomenudeo por los Estados será efectivo
Si la federación destina recursos para ello: Espinosa Abuxapqui
Chetumal, 12 de junio.- Las reformas constitucionales que obligan a los Estados a intervenir en asuntos de narcomenudeo solamente tendrán efectos positivos si el gobierno federal destina los recursos económicos para el combate al ese delito señaló el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Espinosa Abuxapqui.
Explicó que el Congreso local realizó en su oportunidad las adecuaciones y reformas a los ordenamientos legales de la entidad para armonizarlas con las reformas federales que obligan a los Estados a participar en el combate, atención e impartición de justicia en materia de narcomenudeo.
Sin embargo, las reformas realizadas por el Congreso local con las cuales en Quintana Roo se faculta a las autoridades de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Poder Judicial para que en el ámbito de sus respectivas competencias prevengan, persigan delitos y determinen responsabilidades jurisdiccionales en materia de narcomenudeo, no tendrán impacto positivo si las facultades no vienen acompañadas de los recursos económicos que se requieren para ello.
Y es que, dijo, todo parece indicar que el gobierno federal pretende despojarse de esa responsabilidad y cargarla a los Estados para que éstos destinen recursos propios para atender el combate al narcomenudeo.
Pero es necesario insistir que la nueva facultad en atención del narcomenudeo debe venir acompañada de los recursos necesarios para destinarlos a infraestructura, recursos humanos y capacitación del personal que atenderá asuntos de narcomenudeo.
Recordó que está en litigio el momento en que entrarán en vigor las reformas locales que otorgan facultades a las instituciones policiales y jurisdiccionales del Estados para la prevención, persecución y la impartición de justicia en materia de narcomenudeo.
Explicó que la Procuraduría General de la República interpuso un recurso en contra de los artículos transitorios de las leyes locales que establecen una “vacatio legis”, es decir, el tiempo que la norma entrará en vigor, de tres años, que concluirían en agosto del 2012; pero para la PGR las reformas federales debieron entrar en vigor desde el año pasado.
Desde luego que el Estado acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo importante es que la facultad de atender asuntos de narcomenudeo venga acompañada de los recursos que permitan una atención adecuada y que los resultados sean más afectivos, puntualizó.
